Este 11 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, se presentó en rueda de prensa virtual por Zoom el “Protocolo Seguro”, un proyecto que surge ante la creciente violencia contra las mujeres en México, impulsado por: la asociación civil Unión Mujer, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.
Protocolo seguro creado por Britany Nohelia Cisneros Somoza Licenciada en Sociología y maestranda en Proyectos Sociales de la UABC, es una iniciativa que busca fortalecer la detección temprana, atención libre de revictimización y la canalización adecuada de casos de violencia en instituciones públicas, particularmente en el sector salud.
En Rueda de prensa el maestro Jesús Antonio Padilla Sánchez Director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FACyS) de la UABC resaltó la importancia de la participación de las universidades públicas en la construcción de soluciones frente a los desafíos que sufre la sociedad, principalmente cuando se trata de proteger la vida, la dignidad y los derechos de las personas.
Mencionó que en México hay más de 4000 instituciones de educación superior entre públicas y privadas que generan conocimiento, investigación y formación especializada en este amplio sistema, sin embargo, puntualizó que las universidades no se limitan únicamente a formar profesionista “las instituciones de educación superior también tenemos la responsabilidad de contribuir a la comprensión y a la solución de los problemas sociales que enfrentan nuestras comunidades”. Dicha acción implica una vinculación permanente entre las universidades y las realidades sociales, económicas y culturales del país. Especificó que desde la FCAyS se impulsa la investigación social aplicada, los proyectos de vinculación con comunidades y organizaciones sociales, la formación de profesionistas con compromiso social, por lo que reiteró el compromiso de seguir generando conocimiento socialmente relevante, fortalecer la vinculación con la sociedad y contribuir al desarrollo social de la región y de México.
Por su parte, la doctora Paulina Amozurrutia Navarro, Directora General de la Asociación Civil Unión Mujer expresó sentirse emocionada de poder trabajar en conjunto con la FCAyS de la UABC y los representantes de la Comisión de Derechos humanos, resaltó que en una situación tan compleja de violencia como la que se vive en el país, es importante trabajar de manera corresponsable, mencionó que como sociedad civil el poder reunir los esfuerzos de la Academia y la Comisión de Derechos Humanos y tener una aplicación práctica es de suma relevancia. Así mismo aclaró que aunque este trabajo es en conjunto con la UABC, no es limitativo para el estado y se puede “federalizar” para así generar más acciones que se acompañen con un trabajo puntual, con un protocolo que sí se pueda aplicar y tropicalizar a otros estados, y difundir las acciones que permitan tener una correcta atención a las víctimas.
El licenciado Jorge Alvaro Ochoa Orduño, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California expresó que es básico que se haga un trabajo conjunto entre la academia, las asociaciones civiles y las comisiones de Derechos humanos en el país; destacó la iniciativa que hizo la estudiante Britany Cisneros al realizar este proyecto ya que demuestra la sensibilidad que se está dando desde el aula con el propósito de prevenir violencias.
El licenciado Ochoa mencionó tres casos cuya justicia se dio con perspectiva de género, reconociendo el fallo del sistema en el primer caso ocurrido en el año 2022 en San Quintín, lo cual dio origen a emitir una declaratoria. A partir de esa situación se ha hecho justicia con perspectiva de género, señaló que los ejemplos presentados, son muestras de que se tiene que seguir avanzando, por otra parte reconoció el trabajo de la sociedad civil y la academia por hacer este tipo de instrumentos que se pueda multiplicar para beneficio de las mujeres.
De acuerdo a la información recabada por la doctora Norma Leticia España Martínez Coordinadora del área de Investigación en INMUJER menciona que esta propuesta surge en un contexto donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia a lo largo de su vida. En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) indicó que el 70% de las mujeres encuestadas vivieron, al menos, una situación de violencia.
Por otro lado, entre 2015 y 2025, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican incrementos de 156% en violencia sexual, 109% en violencia familiar y 297% en delitos de violencia de género, lo que muestra un crecimiento de la problemática a lo largo de la última década.
Según los datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2019 y 2024, un total de 504 mil 661 mujeres acudieron a una instancia médica a causa de una lesión causada por violencia familiar. Tan sólo en 2024, el 16% del total de mujeres que asistieron al médico a causa de alguna lesión fue debido a este tipo de violencia. Sin embargo, estas agresiones no llegan a las autoridades. Los datos de la encuesta del INEGI, antes mencionada, mostraron que solo 20% de las víctimas solicita apoyo o presenta una queja o denuncia; mientras que apenas 13% de las mujeres que sufrieron violencia de pareja acudieron a alguna instancia institucional.
Entre las razones de la baja denuncia están: miedo de las víctimas a que no les crean, temor a ser juzgadas o la percepción de que no recibirán ayuda, lo que es un reflejo de las barreras institucionales que limitan la detección oportuna y pueden derivar en procesos de revictimización.
Ante este contexto, expresó la Licenciada Britany, el proyecto “Protocolo Seguro”, fue realizado con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para detectar, atender y canalizar, adecuadamente, casos de violencia física y sexual, promoviendo una atención respetuosa, con enfoque de derecho humano y utilizando herramientas formativas y de apoyo práctico para el personal que atiende a las víctimas. Como líneas de acción contempla dos componentes principales: los materiales audiovisuales y las herramientas práctica de apoyo.
Los objetivos del protocolo son:
- Facilitar la identificación temprana de casos de violencia desde el primer contacto institucional.
- Fortalecer la aplicación de protocolos y normativa vigente en materia de atención a víctimas.
- Mejorar la coordinación intersectorial entre áreas de salud, trabajo social y seguridad.
- Promover una atención ética, empática y respetuosa de los derechos humanos. Se tiene la visión de ampliar el proyecto a otros puntos de contacto institucional con posibles víctimas de violencia como: profesionales de trabajo social y psicología, personal administrativo, paramédicos y personal de primer contacto, guardias y personal de seguridad,
“Con esta iniciativa, Unión Mujer, la Universidad Autónoma de Baja California y la CEDH buscamos contribuir a transformar las normas existentes en acciones concretas, fortalecer la capacidad de las instituciones para proteger vidas, prevenir violencias y garantizar una atención digna a mujeres víctimas de violencia”. Comunicado de prensa Protocolo Seguro
